LA ROMANA.- Abogados del Departamento de la Defensoría Pública del distrito judicial de La Romana, realizaron una protesta frente al palacio de justicia para reclamar un mayor presupuesto a la institución de orden público.
Con pancartas alusivas a la falta de recursos, los defensores públicos de esta ciudad manifestaron su descontento con la precaria situación que vive la institución que a raíz de su separación del Poder Judicial en el año 2011 trabajan con precariedad.
En promedio el 80% de los casos que ingresan al sistema judicial en materia penal son manejados por defensores públicos ya que la gran mayoría de la población acude a los mismos por la gratuidad del servicio, llegando a manejar cada defensor el promedio de hasta 600 casos.
En el caso de la oficina de Defensoria Pública de La Romana se manejan alrededor de 4,600 casos, y en dicha oficina solo hay disponibles 11 defensores de los cuales 5 son defensores que provienen de la escuela de la Defensoria Pública, y 6 son abogados adscritos que por su condición devengan un salario menor a los defensores de la escuela.La carga laboral, el poco personal disponible y el exiguo presupuesto, han mermado de manera considerable la calidad de los servicios de esta institución estatal, dentro de los servicios judiciales que actualmente brindan.
Los Defensores Públicos brindan servicios concernientes a los Juzgados de Paz ordinario y de tránsito, los casos de acción privada, materia disciplinaria, casos de ejecución de la pena, entre otros no menos importantes.
Denuncian que el último aumento que se realizó a los defensores públicos fue en el año 2007, y desde esa fecha no se ha vuelto a realizar un aumento de salario, a pesar de que el costo de la vida desde esa fecha hasta la actual se ha cuadriplicado.
Esa situación ha provocado deserciones de defensores que han optado por entrar a las filas del Poder Judicial, del Ministerio Público y a ejercer de manera privada para mejorar sus condiciones de vida.
Las protestas pacificas en demanda de un mejor presupuesto de los funcionarios judiciales, continuaran, pero advirtieron que no habrá paralizaciones de labores, marchas, ni protestas, debido a las fuertes sanciones que conllevan de acuerdo a lo establecido en la ley.